Este lunes apareció en el Boletín Oficial el Decreto 70/2017 que modifica la Ley Nacional de Migraciones que significa un duro golpe para los migrantes ya que introduce impedimentos para el ingreso y la permanencia, se aceleran los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, se vulnera el derecho de defensa, se elimina la unidad familiar y se restringe el acceso a la nacionalidad argentina. Poniendo al inmigrante en condición inferior al ciudadano argentino.
Los argumentos que explican dicho decreto se sustentan en: “Que el Estado Nacional debe velar por el Orden Internacional y la justicia”, “Que ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión”, vinculando a los migrantes con la delincuencia y el narcotráfico. Es decir, los motivos del endurecimiento de la política migratoria se restringen a un tema de Defensa y Seguridad Nacional.
Rechazamos tajantemente esos argumentos por considerarlos discriminatorios, puesto que solo buscan criminalizar y estigmatizar a la comunidad extranjera residente en el país, especialmente a la colectividad latinoamericana, vinculándolos directamente con la ola delictiva y el narcotráfico.
La migración en Argentina está garantizada por el artículo 20 de la Constitución; y según el censo de 2010, la población extranjera en el país representa el 4,6% de la población (1,8 millones de personas). En este contexto, Argentina debería abordar el tema de la migración desde una mirada integral y no sólo desde la perspectiva de la Seguridad Nacional, ya que ello conduce a tomar medidas restrictivas que conculcan derechos y demuestran el desprecio por el ser humano; medidas que han fracasado en el mundo y sólo desprestigian al país.
Hace unas semanas la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich vinculó a “paraguayos, bolivianos y peruanos con el narcotráfico”. Esas apreciaciones y este Decreto, altamente discriminatorio, firmado por el presidente Mauricio Macri, máximo representante del Estado argentino, solo contribuyen a la estigmatización de los migrantes, reproduciendo el aumento de la intolerancia, la xenofobia y la violencia hacia los extranjeros.
Teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a la cual el Estado argentino suscribe y desde el punto de vista de los derechos humanos, consideramos inadmisible que en pleno siglo XXI estemos construyendo barreras y muros jurídicos contra la migración que a lo único que conducen es a la privación de derechos, como ocurría a principios del siglo XIX con la Ley de Residencia de 1902 que autorizaba a expulsar del país “a cualquier extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. O la Ley de Defensa Social de 1910 que fue más restrictiva aún.
A su vez, consideramos grave que la reforma de la Ley Migratoria haya salido por Decreto de Necesidad y Urgencia, cuando no hay “necesidad ni urgencia” al respecto; y corresponde al Poder Legislativo el tratamiento de dicha norma.
Migrar no es un delito sino que es un derecho del ser humano que data desde tiempos antiguos y es originada por problemas políticos, sociales, económicos, culturales o personales. Las personas se trasladan para mejorar sus condiciones de vida y muchas veces se tienen que enfrentar a dificultades como la explotación y la discriminación. Por tal motivo, desde el Estado se deben promover acciones que eliminen la discriminación, el racismo y la xenofobia, no generarlas.
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