La crisis avanza sobre la economía nacional, eso está
a la vista. Se sabe que siempre golpea sobre los más débiles, sobre los
trabajadores. Es en ese contexto que el gobierno de Cristina Kirchner, que se
ufana de defender a los más humildes, a los laburantes, busca aumentar la
recaudación justamente a partir de los que menos tienen y no de los que más
ganan.
Es inexplicable que el mínimo no imponible se
mantenga en 6.000 pesos, con lo que los trabajadores que ganan por encima de
eso -que son millones- pagan en impuesto anual un aguinaldo. Como también es
incomprensible que un trabajador que esté por encima de 5.000 pesos, ya no
cobre asignaciones familiares aunque tenga 4, 5 o más hijos. ¿Es eso defender a
los que menos tienen? ¿Porque no se recauda, por ejemplo, poniendo un impuesto
a la renta financiera hoy exenta?
No solo esa conducta tiene el poder ejecutivo, sino
que frente al ejercicio del justo derecho de huelga de un gremio en conflicto,
lo primero que hace es descalificar a sus dirigentes, amenazar, enviar la
gendarmería, poner sanciones. Conducta llena de autoritarismo que ya utilizó
con otras organizaciones sociales, como Barrios de Pie, en tiempos recientes.
Pésima actitud de quienes se jactan de defender los derechos humanos, de
respetar y no reprimir la protesta social.
La salida al conflicto para que no termine afectando
a toda la sociedad, debe ser una revisión inmediata de parte de la presidenta
de la conducta de su gobierno. Debe anular toda sanción y amenaza, y sentarse a
negociar razonablemente con el gremio de camioneros, contemplando la justicia
de sus reivindicaciones, y viendo la manera de resolverlas aceptablemente. La
soberbia y la prepotencia son malas consejeras.
Humberto Tumini. Secretario
general de Libres del Sur y miembro de la Mesa Nacional del
FAP