El 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina tuvo lugar una descomunal manifestación popular que modificó innegablemente el curso de nuestra historia. En este país, en el que el capitalismo alcanzó un grado importante de desarrollo y en el que desde el golpe de estado de 1976 fueron aplicadas todas las recetas neoliberales, emergió con crudeza la realidad de un pueblo devastado pero en lucha.
La resistencia social se fue gestando a lo largo de los ’90, pero en diciembre de 2001 se expresó en todo el territorio nacional y abarcó a todos las fracciones sociales excluidas del poder político.
Desde mediados de esta década comenzó a observarse cierta ruptura al interior de la clase dominante que alcanzó su punto más alto en noviembre/diciembre de 2001. Luego del quiebre bancario (que perjudicó tanto a los ahorristas como a los trabajadores, ya que se había dispuesto la bancarización forzosa de los salarios) se sumó activamente a la protesta la fracción social que era justamente la base social del gobierno de la Alianza, las capas medias urbanas o pequeña burguesía asalariada y no asalariada. Lejos de replegarse frente al decreto del estado de sitio y la convocatoria a las fuerzas armadas por parte del gobierno, y frente a los saqueos de comercios realizados por las fracciones mas pobres, la pequeña burguesía urbana se movilizó alineándose con esas y otras fracciones y sectores contra las políticas de estado, es decir las que la oligarquía financiera venía imponiendo.
Los hechos de diciembre comenzaron el día 13 como respuesta a la expropiación bancaria, con una huelga general convocada por las tres centrales sindicales, y manifestaciones y cacerolazos dispuestos por organizaciones de pequeños empresarios. Ese día comienzan los saqueos en el interior del país, que van aumentando día a día y se generalizan a todo el territorio nacional los días 19 y 20 (en los periódicos se registran mas de 1000). En esos días en gran parte de las ciudades argentinas se producen ataques a edificios públicos, motines, saqueos que derivan en choques con la policía y cortes de rutas y accesos a ciudades.
El día 19 el gobierno decretó el estado de sitio lo que incrementó la disposición al enfrentamiento y el alineamiento entre las fracciones mencionadas. Así se produjeron multitudinarias manifestaciones a Plaza de Mayo y a las principales plazas del país, pidiendo que se vaya el gobierno y los políticos. Exigiendo “que se vayan todos”.
Se realizaron ataques contra bancos, empresas de servicios públicos privatizadas, edificios públicos y casas de funcionarios y políticos de la oposición oficial, lo que muestra que las masas ubicaron como enemigo al gobierno y a la cúpula de la burguesía. La situación derivó en enfrentamientos callejeros con la policía, el armado de barricadas en los barrios y cortes de rutas.
El día 20 las masas libraron su combate principal en el centro de Buenos Aires armando barricadas y enfrentando a las fuerzas armadas del gobierno, pero confrontando no sólo con él sino también contra la política de estado económica y social implementada por los sucesivos gobiernos desde mediados de la década de 1970, y toda expresión del sistema institucional político. Renuncian primero el ministro de economía Domingo Cavallo, y luego el presidente de la Nación Fernando de La Rúa.
Una nueva huelga general, convocada por las tres centrales sindicales, pasó prácticamente desapercibida: esa forma de lucha fue superada por otra más elevada.
Se abrió, en definitiva, una nueva etapa en la Argentina. Lo que era hasta ese momento una profunda crisis económico-social del modelo neoliberal se transformó en una enorme crisis política. Los partidos que hasta ese entonces habían conducido desde el gobierno o la oposición la aplicación de dicho modelo comenzaron a recibir un extendido rechazo de gran parte de la población. El repudio a quienes habían manoseado las representaciones políticas irrumpió como necesidad en la búsqueda de mayor participación popular y renovación política en las instituciones.
Fue el presidente Kirchner quien mejor interpretó este torbellino y en mayo de 2003 inició un gobierno que comenzó a cambiar el panorama político de nuestra Patria. El país modificó favorablemente y consolidó su situación económica, se anularon las leyes de impunidad, se dieron pasos significativos en la integración latinoamericana. El pueblo volvió a encontrar formas de participación y representación.
Sin embargo el mandato que el pueblo diera el 19 y 20 de Diciembre de 2001 que reclama una renovación profunda de la política, aún sigue vigente. Es nuestra obligación escuchar esa demanda y darle una certera respuesta. Es también el mejor homenaje que podemos hacerle a los más de treinta compatriotas caídos en esas históricas jornadas.