Pretenden que la deuda con los proveedores la paguen los niños

 El gobierno de la provincia de Buenos Aires suma una nueva deuda con la niñez, la de restituir con urgencia el recorte realizado sobre el Servicio Alimentario Escolar. Una vez más, como en años anteriores, a partir del 1° de junio las Escuelas Públicas de la provincia asisten a un recorte de cupos del Servicio Alimentario Escolar, por  decisión y orden del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, aproximadamente en un 30 % en cada escuela que posee el servicio sin importar si es de doble jornada, jornada extendida, de sectores más vulnerables, edad de los niños o cualquier otra variable.

Del recorte en los cupos a implementarse por el Consejo Escolar de cada distrito, quien debe realizarlo  cual “obediencia debida”, fueron notificadas las autoridades de las escuelas que disponen de esta asignación. Se les informó, a su vez, una modificación en los montos en sus formatos: DMC (desayuno y/o merienda)  que asciende a $2,60 por persona y comedor que asciende a $ 6,30. La notificación llegó a las escuelas sin ninguna fundamentación oficial que explicite los criterios utilizados para el ajuste.

A través de los medios de comunicación el Ministerio ha justificado la medida con una serie de inexactitudes y falacias y un solo dato duro: la deuda con los proveedores del estado que abastecen a los comedores.
Se ha dicho desde el Ministerio que no se trata de un recorte sino de una “reestructuración administrativa” y que el volumen de dinero que llegará a las escuelas es el mismo. Falso, son varios colegios que manifestaron que entre suma y resta le corresponderá menos dinero. A esto se agrega que con el proceso inflacionario en marcha aún recibiendo el mismo volumen se reduce su poder de compra.

Plantea el Ministerio que la “reestructuración” se lleva adelante porque se detectaron malversaciones con los montos asignados. Algunas autoridades escolares habrían adquirido productos no alimentarios tales como artículos de limpieza. Al respecto, cabe recordar lo que establece el convenio marco entre el Ministerio de desarrollo y la Dirección General de Cultura y Educación que dio origen al SAE: “SEGUNDA: El ministerio aportará los fondos para la prestación del servicio alimentario conforme a las siguientes partidas:

a) Alimentaria. De acuerdo al valor de las distintas modalidades existentes (comedor, copa de leche, copa de leche reforzada) y/u otra modalidad que determine
b) Gastos de combustible envasado: para uso de cocina y calefones (…)
c) Gastos de equipamiento y mantenimiento: heladeras, cocinas, vajilla y elementos indispensables para la adecuada prestación del servicio.
d) Gastos de administración: papel, útiles, fotocopias etc. utilizados exclusivamente en la administración del SAE
e) Gastos de transporte: para la distribución de la comida elaborada (...)”

Nadie podrá dudar que los artículos de limpieza son parte insoslayable de esos “elementos indispensables”
Manifiesta también el gobierno provincial que detectaron casos donde alguna escuela tenía asignado un monto para una determinada cantidad de personas y se constató que alimentaba a menos. Esto, de ser cierto, quizás ameritaría el correspondiente llamado de atención a esa escuela en particular pero no justifica el recorte generalizado que se lleva adelante. Por otro lado, en una enorme cantidad de colegios la realidad es inversa ya que con el monto asignado se procura atender a un número mayor de niños de los que el Ministerio estipula, habida cuenta de que las necesidades son mucho más extendidas de lo que se reconoce oficialmente.

El único elemento profusamente probado es la deuda que el propio gobierno provincial tiene con quienes proveen a los comedores escolares. En esto el Ministerio es decididamente perverso, propone que su deuda con los proveedores la tienen que pagar los niños. Plantean desembozadamente que la reestructuración permitirá “ponerse al día” con los acreedores. Por supuesto, no explican cómo será eso posible si, supuestamente, a las escuelas les llegará el mismo volumen de recursos.

Preocupa mucho el incumplimiento sistemático de deberes contraídos por el Estado en sus distintos niveles e instancias, en referencia a la plena implementación del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños/as, con los respectivos dispositivos y programas establecidos en el marco normativo, en este caso el SAE.

A punto ya de cumplirse diez años de la sanción de la ley de Promoción y Protección de los derechos de niños, adolescentes y jóvenes, ley 13.298, la Provincia Buenos Aires y los Municipios que formalmente adhirieron a ella por convenio, no han alcanzado, en su implementación y puesta en funcionamiento,  a abarcar y contener a la población más vulnerable, los niños  que asisten a las escuelas, nos consta a lxs que somos docentes,  siguen padeciendo enormes riesgos y vulnerabilidades.

La política pública que debiera ser diseñada y dirigida para ese sector de la población, bajo principios fundamentales de calidad y universalidad, se han constituido en políticas precarias, caracterizadas por fondos insuficientes, por una distribución inequitativa de recursos, tanto para beneficiarios como para  actores del sistema, quienes (sin ir mas lejos, los docentes) son estigmatizados como culpables de vulnerar derechos de los niños cuando asumen reclamos, huelgas y medidas de fuerza.

Por otra parte, no es un tema menor que la figura del “Defensor del Niño” no haya sido aún implementada, quien seguramente, en este caso del recorte inescrupuloso del SAE,  estaría presentando una acción legal.
Urge la necesidad de restitución inmediata de los cupos del SAE recortados , dado que el alimento posee una importancia esencial en la salud  y crecimiento de nuestra niñez.

Urge profundizar acciones hacia un cambio de política pública cuyas decisiones no tengan su anclaje en variables económicas sino en los derechos de los niños adquiridos y consagrados en  la ley, la cual ha sido lograda con lucha y militancia popular.
Prof. Ana V. Ramos
Prof. Pablo Crisóstomo
ISEPCi
(Instituto de Investigaciones Sociales, Económicas y de Política Ciudadana)

La Plata
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