El gobierno de la provincia de
Buenos Aires suma una nueva deuda con la niñez, la de restituir con urgencia el
recorte realizado sobre el Servicio Alimentario Escolar. Una vez más,
como en años anteriores, a partir del 1° de junio las Escuelas Públicas de la
provincia asisten a un recorte de cupos del Servicio Alimentario Escolar,
por decisión y orden del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, aproximadamente en un 30 %
en cada escuela que posee el servicio sin importar si es de doble jornada,
jornada extendida, de sectores más vulnerables, edad de los niños o cualquier
otra variable.
Del recorte en los cupos a
implementarse por el Consejo Escolar de cada distrito, quien debe
realizarlo cual “obediencia debida”,
fueron notificadas las autoridades de las escuelas que disponen de esta
asignación. Se les informó, a su vez, una modificación en los montos en sus
formatos: DMC (desayuno y/o merienda)
que asciende a $2,60 por persona y comedor que asciende a $ 6,30. La
notificación llegó a las escuelas sin ninguna fundamentación oficial que
explicite los criterios utilizados para el ajuste.
A través de los medios de
comunicación el Ministerio ha justificado la medida con una serie de
inexactitudes y falacias y un solo dato duro: la deuda con los proveedores del
estado que abastecen a los comedores.
Se ha dicho desde el Ministerio
que no se trata de un recorte sino de una “reestructuración administrativa” y
que el volumen de dinero que llegará a las escuelas es el mismo. Falso, son
varios colegios que manifestaron que entre suma y resta le corresponderá menos
dinero. A esto se agrega que con el proceso inflacionario en marcha aún
recibiendo el mismo volumen se reduce su poder de compra.
Plantea el Ministerio que la
“reestructuración” se lleva adelante porque se detectaron malversaciones con
los montos asignados. Algunas autoridades escolares habrían adquirido productos
no alimentarios tales como artículos de limpieza. Al respecto, cabe recordar lo
que establece el convenio marco entre el Ministerio de desarrollo y la
Dirección General de Cultura y Educación que dio origen al SAE: “SEGUNDA: El
ministerio aportará los fondos para la prestación del servicio alimentario
conforme a las siguientes partidas:
a) Alimentaria. De acuerdo al
valor de las distintas modalidades existentes (comedor, copa de leche, copa de
leche reforzada) y/u otra modalidad que determine
b) Gastos de combustible
envasado: para uso de cocina y calefones (…)
c) Gastos de equipamiento y
mantenimiento: heladeras, cocinas, vajilla y elementos indispensables para
la adecuada prestación del servicio.
d) Gastos de administración:
papel, útiles, fotocopias etc. utilizados exclusivamente en la administración
del SAE
e) Gastos de transporte: para
la distribución de la comida elaborada (...)”
Nadie podrá dudar que los
artículos de limpieza son parte insoslayable de esos “elementos indispensables”
Manifiesta también el gobierno
provincial que detectaron casos donde alguna escuela tenía asignado un monto
para una determinada cantidad de personas y se constató que alimentaba a menos.
Esto, de ser cierto, quizás ameritaría el correspondiente llamado de atención a
esa escuela en particular pero no justifica el recorte generalizado que se
lleva adelante. Por otro lado, en una enorme cantidad de colegios la realidad
es inversa ya que con el monto asignado se procura atender a un número mayor de
niños de los que el Ministerio estipula, habida cuenta de que las necesidades
son mucho más extendidas de lo que se reconoce oficialmente.
El único elemento profusamente
probado es la deuda que el propio gobierno provincial tiene con quienes proveen
a los comedores escolares. En esto el Ministerio es decididamente perverso,
propone que su deuda con los proveedores la tienen que pagar los niños.
Plantean desembozadamente que la reestructuración permitirá “ponerse al día”
con los acreedores. Por supuesto, no explican cómo será eso posible si,
supuestamente, a las escuelas les llegará el mismo volumen de recursos.
Preocupa mucho el
incumplimiento sistemático de deberes contraídos por el Estado en sus
distintos niveles e instancias, en referencia a la plena implementación del
Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños/as, con los respectivos
dispositivos y programas establecidos en el marco normativo, en este caso el
SAE.
A punto ya de cumplirse diez
años de la sanción de la ley de Promoción y Protección de los derechos de
niños, adolescentes y jóvenes, ley 13.298, la Provincia Buenos Aires
y los Municipios que formalmente adhirieron a ella por convenio, no han
alcanzado, en su implementación y puesta en funcionamiento, a abarcar y contener a la población más
vulnerable, los niños que asisten a las
escuelas, nos consta a lxs que somos docentes,
siguen padeciendo enormes riesgos y vulnerabilidades.
La política pública que debiera
ser diseñada y dirigida para ese sector de la población, bajo principios
fundamentales de calidad y universalidad, se han constituido en políticas
precarias, caracterizadas por fondos insuficientes, por una distribución
inequitativa de recursos, tanto para beneficiarios como para actores del sistema, quienes (sin ir mas
lejos, los docentes) son estigmatizados como culpables de vulnerar derechos de
los niños cuando asumen reclamos, huelgas y medidas de fuerza.
Por otra parte, no es un tema
menor que la figura del “Defensor del Niño” no haya sido aún
implementada, quien seguramente, en este caso del recorte inescrupuloso del
SAE, estaría presentando una acción legal.
Urge la necesidad de
restitución inmediata de los cupos del SAE recortados , dado que el alimento
posee una importancia esencial en la salud
y crecimiento de nuestra niñez.
Urge profundizar acciones hacia
un cambio de política pública cuyas decisiones no tengan su anclaje en
variables económicas sino en los derechos de los niños adquiridos y consagrados
en la ley, la cual ha sido lograda con
lucha y militancia popular.
Prof. Ana V. Ramos
Prof. Pablo
Crisóstomo
ISEPCi
(Instituto de Investigaciones Sociales,
Económicas y de Política Ciudadana)
La Plata
Contacto: 221-4096120
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