Por Pascual Calicchio
El 26 de abril, se hizo pública
la venta de una serie de medios pertenecientes a Daniel Hadad que pasarán a
manos del Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López.
Esta venta, la primera de
magnitud posterior a la sanción de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) generó
ruido entre muchos sectores que apoyaron la sanción de dicha ley y hoy se
sienten decepcionados porque en lugar de ver aparecer nuevas voces ven cómo se
hacen grandes negocios y se conforman nuevos grupos financiados directa o
indirectamente por el Estado que lejos están de representar una nueva forma de
hacer periodismo.
La Nación y Clarín (que excede
ampliamente la cantidad de licencias permitidas por la ley pero no se desprende
de ellas porque está vigente un amparo que presentó contra el artículo 161)
aprovechan y se ponen irónicos denunciando el crecimiento de los medios afines
al gobierno y hasta denunciando que violan la ley que ellos mismos cuestionan.
En ese marco una gran cantidad de
compañeros y compañeras han empezado a cuestionar a la LSCA por ver que sólo viene
sirviendo para que crezcan los grupos de medios amigos del gobierno que en
muchos casos más que medios periodísticos parecen herramientas de propaganda
donde sólo se escuchan las cosas que el gobierno quiere que se escuchen.
Por eso, y porque creo que la LSCA es una de las mejores
leyes que tenemos y fue construida con el aporte de muchos compañeros y
compañeras del campo popular, es quiero hacer algunas consideraciones al
respecto.
¿Por qué violan la ley?
Mucho se ha escrito sobre quienes
son y que intereses representan, por lo que me voy a referir exclusivamente a
lo que tiene que ver con la ley, ya que en este caso el problema sería el mismo
si el comprador no fuera kirchnerista.
Vamos a partir que todo lo que
sabemos públicamente es lo que informó el Grupo Indalo a través de un
comunicado en el que finalizan diciendo que “En los próximos días se llevarán a
cabo los actos legales, incluidos los requeridos por la Ley de Medios y los organismos
de contralor que correspondan”.
En la AFSCA dicen que no hay
abierto ningún expediente, por lo tanto la primer violación a la Ley de Medios es no haber
pedido autorización a la autoridad de aplicación que es la única que es
excepcionalmente puede autorizar una transferencia de licencias.
Digo excepcionalmente porque el
artículo 41 de la ley 26522 es muy claro “Las autorizaciones y licencias de
servicios de comunicación audiovisual son intransferibles”. Esto significa que
si alguien, por ejemplo, quiere desprenderse de su licencia porque el medio le
da pérdidas (no parece el caso de Hadad) debe devolver la licencia al Estado y
este licitarla nuevamente.
El artículo 41 prevé solo la
posible transferencia de acciones o cuota parte de la licencia después de
transcurridos cinco años “respetando que se mantenga en los titulares de origen
más del cincuenta por ciento (50%) del capital suscripto o por suscribirse y
que represente más del cincuenta por ciento (50%) de la voluntad social”
siempre y cuando el AFSCA lo permita. Y
es contundente al decir que “La realización de transferencias sin la
correspondiente y previa aprobación será sancionada con la caducidad de pleno
derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad absoluta.”
En tono de broma decíamos por
Twitter que le dábamos una idea gratis a Hadad: que dijera que se estaba
adecuando al artículo 161, hacía su negocio y era felicitado por el gobierno
por hacer lo que no hace Clarín. Parece que este argumento está entre los
posibles según se puede leer en Página 12 y en Chequeado.com, aunque sería
discutible su validez.
Y aún si de alguna manera se
justificara la transferencia, el que quedaría en infracción sería Cristóbal
López ya que estaría violando el artículo 45 de la ley que solo lo autorizaría
a tener una AM y 2 FM en la misma zona por lo que las otras 2 FM deberían ser
transferidas a otro dueño o seguir en manos de Hadad.
Como señaló Santiago Marino,
docente y coordinador de la
Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional
de Quilmes, a Chequeado.com: “Hasta tanto la AFSCA no permita el traspaso, la venta no es
avalada por el ente regulador y los medios no podrían operar en términos
legales”, De lo contrario, el Grupo Indalo tendría que ser sancionado “con la
caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y será nula de nulidad
absoluta” (art. 41).
Otros puntos que tendrá que
analizar la AFSCA
es si el Grupo Indalo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos por
el artículo 25, si se cumple con
incumple el registro d accionistas (art. 56) y la incidencia que tiene que
Cristóbal López sea contratista del Estado.
¿Y el 33%?
Uno de los puntos por los que más
peleamos desde los medios populares, comunitarios, alternativos, fue porque se
reservara el 33% del espectro radioeléctrico para aquellos medios que tenían un
fin social y no comercial y que habían estado proscriptos por la ley anterior y
lo logramos, hoy ese aspecto de la ley es referencia en toda Latinoamérica.
Sin embargo el escepticismo se
extiende en este sector al ver que a la hora de la reglamentación y su
implementación las cosas no son como se esperaba, a pesar que muchos de ellos
estuvieron a la cabeza de la lucha por la ley, e incluso muchos apoyan las
políticas del gobierno, pero ven como la mayor parte de los recursos del Estado
(TDA, publicidad oficial, subsidios del INCAA, reglamentaciones) están
dirigidos a los medios del Estado (que no se han mostrado muy plurales en su
programación) y a los medios privados
manejados por empresarios “amigos” del gobierno o beneficiados por la obra
pública, mientras al sector comunitario que parte en desventaja para ocupar el
33% que le corresponde, recibe muy poco.
Por el lado de las radios todavía
no hay un plan técnico y plazos para su legalización, solo se ha reglamentado
el artículo 49 para radios de muy baja potencia y en zonas sin conflicto, la
publicidad oficial es casi inexistente y solo han conseguido un subsidio del
Ministerio de Desarrollo de unos 2.000.000 de pesos para unas 40 radios de
FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias) que si bien son importantes
parecen muy poco frente a los $ 1.224,7 millones que el Estado invirtió en el
2010 en publicidad.
Por el lado de las televisoras el
valor de los pliegos para la
TV Digital resultaron prohibitivos para las organizaciones
sin fines de lucro y desde el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas,
Populares y Comunitarias todavía se está trabajando junto al AFSCA para lograr
pliegos accesibles para televisoras de baja potencia.
La oposición se debe integrar a la AFSCA y esta ponerse a la
altura de las circunstancias.
Planteado el tema en las redes
sociales, en las clases de la universidad, en algunos medios y en distintos
debates, queda la sensación de que esto ya está arreglado. Sin embargo creo que
la difusión que se le de al tema puede convertirse en una traba para esta
transferencia.
Muchos compañeros y compañeras
con los que hemos luchado por tener esta ley comparten esta visión, pero no se
animan a plantearlo en público por miedo a que las críticas sean usadas contra
el gobierno al que apoyan o para no “hacerle el juego a la derecha”. Creo que
se equivocan. Ya nos pasó con el 527. Es nuestro silencio el que le hace el
juego a la derecha (que está fuera, pero también adentro del gobierno). La ley
la tienen que cumplir todos: Clarín y los amigos del gobierno. Esa es la
garantía de que no se termine desprestigiando.
Un gran paso para que esto suceda
sería que se convoque a la “Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual”
para que se elijan los dos representantes de la oposición que finalmente van a
incorporarse al AFSCA. En estos dos años los mismos se habían negado a
participar y la Comisión
solo se reunió para elegir al representante del oficialismo. Con el cambio de
la composición del Congreso el FAP quedó como la segunda minoría detrás de la UCR superando al Peronismo
Federal y anunció su intención de ocupar los cargos que le corresponde,
obligando a la UCR
a cambiar su posición. Su candidato es Alejandro Pereyra del GEN.
Un AFSCA pluralista estaría en
mejores condiciones de controlar que la 26.522 se cumpla y no haya privilegios
para nadie, el trabajo de difusión, la creación de nuevos medios y la
organización de los comunicadores populares es la garantía de que la ley no
quede en letra muerta.