John D. Rockefeller, fundador de la Standard Oil, hoy en
día conocida como Exxon, decía que “el mejor negocio del mundo es una empresa
petrolera bien gestionada y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera
mal gestionada”. Si eso era así en la época
en que lo dijo, ni qué hablar en la década del noventa. Las multinacionales ya
sabían para ese entonces que el barril de petróleo, que estaba a 12 dólares, en
tiempos cortos iría inexorablemente en creciente aumento. Los países
denominados emergentes, en particular China y la India, crecían y crecían, lo
que implicaba más y más consumo de petróleo; commoditie no renovable cuya
producción, ya para esos años, daba signos de no aumentar a la misma velocidad
que las décadas anteriores. Más demanda, que excedía la oferta posible: aumento
de los precios. Allí estaba el negocio.
Aprovechándose de la supremacía
que habían alcanzado los países desarrollados luego del derrumbe de la URSS, y del predominio
mundial del neoliberalismo como modelo económico, las grandes empresas
petroleras salieron entonces a hacerse de todo el oro negro que pudieran. Como
siempre y más aún, si eso era posible.
Argentina, aun sin ser un país
propiamente petrolero, era un bocado apetecible con su empresa estatal; que
había logrado el autoabastecimiento y que contaba con significativas reservas
descubiertas, producto de décadas de grandes esfuerzos de inversión. Por ende,
las presiones sobre su gobierno no se hicieron esperar. Y como nuestro problema
-tal cual enseñara Arturo Jauretche- no es tanto “el gringo que nos compra,
sino el criollo que nos vende”, ahí lo tuvimos a Carlos Menem que accedió
gustoso a entregar YPF y nuestra riqueza energética.
Néstor y Cristina Kirchner, como
se sabe, apoyaron decididamente esa medida, argumentando que beneficiaba a
Santa Cruz, su provincia. Evidentemente no tuvieron demasiado en cuenta lo que
significaría para la
Argentina, su país.
Años después, por esas vueltas de
la historia, llegaron al gobierno de la nación. Justo es decir que a partir de
allí algunas de sus conductas políticas cambiaron. Por ejemplo en lo referido a
los derechos humanos vulnerados por la dictadura. Desde la recuperación de la
democracia nunca habían reparado demasiado en ellos, pero una vez que llegaron
a la Rosada impulsaron
con vigor la investigación de los crímenes de los militares; lo que permitió
que, en un grado significativo, lográramos tener memoria, verdad y justicia
respecto de esa negra época. En lo que no cambiaron hasta ayer, fue en su aval
a la política de privatización petrolera de los noventa, a la que le dieron
manifiesta continuidad.
Repsol-YPF agradecida. La empresa
española se aprovechó en grande de esa estrategia gubernamental. En primer
lugar, extrajo los recursos fundamentalmente de los pozos que había perforado
nuestra empresa estatal. Así fue como sus reservas comenzaron a tener de 1998 a la fecha un
indetenible descenso: 44% el petróleo y 68% las de gas. Esto fue generando,
como no podía ser de otro modo, una baja también sostenida en su producción:
casi el 50% en el petróleo y el 30% en gas. Lo que motivó la necesidad de
crecientes importaciones, casi de 10.000 millones de dólares en el 2011.
Paralelamente llevó adelante
Repsol, una agresiva política de distribución de utilidades. El 90% de los
15.000 millones de dólares de ganancias del período, fueron repartidos entre
sus accionistas. Con ellos, además, financió gran parte de su expansión mundial
en la última década; invirtiendo en lugares donde, por distintas razones, era
más rentable que aquí.
Como bien dijo recientemente Axel
Kicillof en el senado, Repsol llevó adelante una política de vaciamiento de YPF
y de saqueo de nuestros recursos. Está a la vista. Lo que no dijo el vice
ministro de economía es que los gobiernos kirchneristas de hace nueve años a la
fecha han sido cómplices de ello. Por lo pronto su representante en el
directorio de YPF, que ahora seguirá allí luego de la nacionalización, votó
todas y cada una de las iniciativas de los españoles, incluyendo semejante
distribución de dividendos.
A ello debemos agregarle, que la
reforma constitucional de 1994 fue reglamentada por Néstor Kirchner en el 2006 a través de la llamada
Ley Corta (Nº 26.167), y así el dominio del subsuelo se transfirió finalmente a
las provincias. La reforma aquella y su posterior reglamentación, transformó a
un negociador único, la Nación,
en una pluralidad, las provincias, lo que debilitó el poder de negociación del
sector público frente a empresas con una gigantesca capacidad de lobby.
Llamativamente sin embargo no reglamentaron –ni Néstor ni Cristina- la reforma
constitucional en su parte referida a la Iniciativa Popular
(Art. 39 de la CN:
Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley
en la Cámara
de Diputados…) que hoy -a 18 años- sigue sin poder llevarse adelante.
Por último, en el año 2007,
Kirchner presentó con bombos y platillos el ingreso a YPF de los Ezkenazi como
la “argentinización” de la empresa. Ahí estaba la famosa “burguesía nacional”
en escena. En realidad las relaciones del ex presidente con el grupo Petersen,
propiedad de dicha familia, venían de antes: habían comprado el Banco de Santa
Cruz cuando Kirchner, como gobernador lo privatizó. Desde dicho banco fue que
se giraron los fondos de las regalías petroleras provinciales a Suiza, a través
del Credit Suisse; casualmente la entidad que encabeza el consorcio de bancos
europeos que le prestó dinero a Enrique, Sebastián y Matías para comprar el 25%
de YPF.
Dicha incorporación de los
Ezkenazi -el padre ex Bunge y Born- a la empresa, se asemejó bastante a un
regalo gentil de Repsol: se pagarían las acciones con las ganancias que fuera
dando la petrolera. El acuerdo comprometía, con la cláusula de “pay out”, a
ambos accionistas a mantener la política de dividendos de YPF en el 90% de las
ganancias al menos hasta el pago del préstamo, y que cualquier cambio en esta
disposición constituiría una cesación de pagos bajo las condiciones del mismo.
Llamativo, pero por sobre todo de gravísimas consecuencias a futuro, ya que esa
forma de pago justificaba la distribución agresiva de dividendos en desmedro de
las inversiones. Allí estuvo Roberto Baratta, en representación del gobierno K,
para avalarla con su votito.
Por cierto que, de acuerdo a lo
observado en veinte años de historia, no parece muy creíble la apreciación de
la presidenta respecto de que Néstor Kirchner “siempre soñó con recuperar YPF
para el país, siempre, siempre”.
En definitiva y volviendo al presente,
en un contexto donde -producto de la política petrolera llevada adelante desde 1992 a la fecha- bajaron la
producción y las reservas de petróleo y gas en el país, lo que sumado al
crecimiento económico de la última década empujó para arriba las importaciones
de aquellos productos y complicó la balanza exterior energética, que ya tuvo en
el 2011 un déficit de 3.500 millones de dólares, el gobierno resuelve
nacionalizar YPF.
¿Está bien o mal esta decisión?
Por cierto que, más allá de las graves responsabilidades que le corresponden a
la administración kirchnerista por llevarnos a este atolladero, es correcto
renacionalizar YPF; que nunca, nunca se debió haber privatizado. Es real que la
empresa solo maneja hoy un tercio del mercado de hidrocarburos en el país, como
que sus reservas son las que más han menguado y que tiene una enorme deuda;
también que se requieren grandes sumas de capital para recuperar el
autoabastecimiento. Pero muchísimo peor sería darle continuidad a la política
que nos condujo a esta crisis.
Ni que hablar de seguir las
propuestas de la derecha política y económica, que partiendo del supuesto que
no hubo inversiones porque los precios no eran rentables para las empresas,
propone liberarlos tanto en el mercado interno como para exportar. Una falacia
grande e interesada: de 1998 al 2003 tuvieron precios internacionales, apertura
y completa liberalización, y aquellas potenciaron la extracción de los pozos ya
descubiertos y las exportaciones sin reponer tampoco reservas.
Poner en manos del Estado la
mayoría accionaria de YPF, es el necesario primer paso para recuperar inversión
y producción de hidrocarburos; y para reubicar tan preciados recursos naturales
al servicio del país y su gente, como era antaño y como debe ser. Aunque todo
ello lleve tiempo y esfuerzo por el daño producido. Por eso cuenta con nuestro
apoyo.
Pero no es un cheque en blanco.
Lejos estamos de eso, habida cuenta del doble discurso permanente de este
gobierno, que siempre vende por izquierda y cobra por derecha.
En concreto y a futuro, servirá
la renacionalización de YPF si está al servicio de la nación y no de nuevos y
viejos capitalistas amigos del gobierno. Para ello debe volver a la figura de
Sociedad del Estado -no Anónima- para que pueda ser controlada por el
parlamento, la AGN,
etc. Muy malas experiencias hay con el kirchnerismo en esto.
En segundo lugar la expropiación
debe comprender a las acciones de los Ezkenazi, que avalaron absolutamente el
vaciamiento y saqueo que llevaba adelante Repsol.
En tercer lugar el precio a
pagar, si es que tenemos que pagar algo, debe contemplar las menguadas reservas
que nos dejan -que son esencialmente el valor de una empresa petrolera- y la
deuda de 9.000 millones de dólares en que metieron a YPF; que explica cómo en
algunos años repartían dividendos por una cifra superior a las ganancias
reconocidas.
Se debe investigar el
comportamiento de las demás empresas que operaban en el privatizado mercado de
hidrocarburos argentino. No parece solo patrimonio de Repsol la política de
saqueo; y lejos está de ser pequeña -65%- la porción que ocupaban y ocupan de
la producción y comercialización el resto.
También hay que federalizar verdaderamente
YPF. Cuando era estatal, de sus ganancias se beneficiaba todo el país, gran
parte de las rutas nacionales se hicieron con ellas. Ahora, en su directorio y
en la propiedad del 49% de la parte expropiada, deben participar todas las
provincias y la Ciudad
de Buenos Aires, no solo aquellas que hoy tienen petróleo. Así se distribuye
una parte (la otra va a la nación) de las retenciones a las exportaciones de
soja, que solo es producida por un puñado de provincias pero beneficia a las
demás.
Finalmente, solo habrá mejor y
sustentable política a futuro en tan estratégico rubro, si se aprueba una nueva
ley de hidrocarburos que contemple que el petróleo y el gas argentinos deben
esencialmente servir para el desarrollo nacional.
HUMBERTO TUMINI
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR –FRENTE
AMPLIO PROGRESISTA